Las dos caras de la justicia

 Por Juan José García

Hace una semana el ex alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, subió una instantánea en las redes sociales, donde se ve a un vecino de Calañas, dedicado a la venta ambulante en la playa de Punta Umbría, el cual tenía que refugiarse en la orilla junto con su pequeño mercadillo, esquivando la denuncia de la policía.

El hombre que al frente del partido popular ha estado gobernando la capital onubense durante dos décadas, tiene palabras de solidaridad para nuestro vecino Fernando Martinez, y agradece el hecho de que la policía no haya podido denunciarle, pese a que dicho trabajo es ilegal siempre que no se cuente con la concesión administrativa de explotación y venta de productos en esta playa, como imagino que sería el caso tras que se optara por la huida.

Fernando, conocido ya en este lugar y según Pedro muy querido por la mayoría, no tardó en encontrar a gente que estuvo a su lado en todo momento, hasta el instante en el que al fin pudo burlar a los agentes que durante horas le aguardaban fuera. 

En las redes sociales, la mayoría de los comentarios favorecían la actitud del vendedor ambulante y criticaban la de los que simplemente querían desarrollar su trabajo, en este caso hacer cumplir la ley.

Es fácil ponerse del lado de una persona que se ve obligada a hacerse  kilómetros de olas de calor, vendiendo patatas  y refrescos solo para ganarse un trozo de pan, pero creo que lejos de la primera impresión hay un debate en el que no todos llegan a coincidir. 

¿Cuándo es justificable saltarse la legalidad? Y lo digo porque aquí en Andalucía es normal que muchos se pidan el día libre en el trabajo para ir a sellar la cartilla del paro. Comparto a todos los que no les queda más remedio que trabajar en negro, porque en parte vivimos en un sistema que a veces no permite otra opción, es más, da la impresión de estar construido así a propósito. Pero también comprendo lo caro que resulta a veces la legalidad, como muchos autónomos saben mejor que nadie, donde a las colosales tasas que han de abonar, se les suma el que alguien pueda presupuestar más barato por no tener que pagarlas.

Dependiendo de si el asunto nos beneficia o no, podemos caer en la demagogia de defender una idea y disfrazarla de justicia, cuando puede que simplemente estemos defendiendo nuestros intereses. Así que voy a acabar esta pequeña reflexión declinándome por los dos bandos, ya que me solidarizo con la actuación de nuestro vecino, pero si yo desarrollara un trabajo parecido, habiendo abonado la concesión para vender en la misma zona que él, muy seguramente no diría lo mismo. 

Agrecemos a Alfonso Medina Sánchez el hacernos llegar este asunto al periódico.