El miedo a la libertad o censura versus libertad

Estos días pasados tuve la ocurrencia de enviar a la Revista Digital “EL MORANTE” un breve artículo de opinión sobre lo que considero un mal uso del lenguaje por parte de los políticos con el claro objetivo de sacar un beneficio para su causa. Para ello me basaba en unas declaraciones del expresidente D. Felipe González sobre la justicia y en el mensaje del cartel electoral de la candidata a la alcaldía de nuestro pueblo. Cierto es que sobre dicho cartel añadí algún comentario en tono irónico y en clave de humor sobre lo poco afortunado que habían estado tanto el fotógrafo que captó su imagen como el responsable de marketing electoral de su formación política al lanzar el mensaje que figura en dicho cartel.

Al parecer, tales comentarios fueron interpretados por algún miembro de la Comisión encargada de decidir sobre la publicación del dichoso artículo como ofensivos para la Sra. Romero. Desconozco si ello se debió al momento electoral en el que nos encontramos o, simplemente, a un exceso de celo de alguien a la hora de valorar el texto ó también, y así lo creo yo, por ambas cosas. En cualquier caso, lo cierto y verdad es que ello ha sido suficiente para que el dichoso artículo no se haya publicado.

Desde luego nada más alejado de la realidad el pensar que mi intención era criticar a la citada candidata ni al que en su día fue su jefe de filas aunque debemos admitir que, por otro lado, no sería extraño ni mucho menos reprobable el que así fuera, pues entiendo que cualquier persona que se dedique a la política, como tal personaje público, debería aceptar incluso de buen grado el hecho de ser objeto de crítica por electores y ciudadanos en general. Ello constituiría un claro síntoma de higiene democrática de nuestro sistema y de que como ciudadanos ejercemos el sagrado derecho de la libertad de expresión, sin que nada ni nadie lo limite.

Pero veo con gran tristeza que esto, en Calañas, mi pueblo, al que he vuelto aunque “a tiempo parcial”, resulta muy complicado. Así es, me fui de aquí por circunstancias de la vida allá por el año 1966, apenas con 14 años, y vuelvo, ya cumplidos los 60 para ver, repito, con gran tristeza, cómo algunas cosas apenas han cambiado: “dejé tanto como lo que ahora me encuentro”.

He dudado mucho sobre si, a pesar de todo ello, valía la pena escribir estos párrafos y, créanme, no lo hago para alimentar mi ego ni tampoco por ningún prurito personal; lo hago por el respeto que merecen todos aquéllos que, jugándose su libertad e incluso su vida, lucharon para que hoy exista un régimen democrático y de libertades amparado en un marco jurídico –la Constitución de 1978- que ha permitido disfrutar a los españoles del periodo más largo de democracia y estabilidad política y social que hayamos conocido en la historia de nuestra vieja España.

No obstante lo anterior, puedo comprobar que en mi pueblo algunos de esos beneficios parece que no han llegado ò, al menos, que no se disfruta de ellos plenamente, pues es difícil entender que primero se intente mutilar un texto completamente inocuo con la excusa de que puede ofender al poder político y, ante mi rotunda negativa a suprimir ni una sola coma, se decida a continuación no publicarlo.

Ello me lleva a pensar que en algunos sectores de la ciudadanía quedan aún vestigios de otras épocas que debemos erradicar (a ellos les recomiendo la lectura de una obra que trata con meridiana claridad esta cuestión: “El miedo a la libertad”, de Erich Fromm. Me refiero precisamente a unas actitudes que, aunque me cueste calificarlas, pues su sola expresión me produce verdadero asco y rechazo, evitan que aunque exista un marco jurídico amplio y suficiente para ello nos dé miedo el utilizarlo, renunciando de esta forma a ejercer el sagrado derecho de la libertad de expresión, cuyo límite tan solo puede estar –como así ocurre- en nuestro Código Penal, concretamente en el TITULO XI (Delitos contra el Honor); Capítulo I (De la calumnia) – Arts. 205, 206 y 207-; y CAPITULO II (De la Injuria) –Arts. 208, 209 y 210.

Como ya habrán adivinado, se trata como todos sabemos de la CENSURA. Según el Diccionario de la Real Academia Española censura es la intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. Dentro de los distintos tipos de censura (moral, religiosa, cultural, política, etc.) creo que, en el caso que nos ocupa, deberíamos analizar el de la censura política que se da cuando un poder (estatal, autonómico o municipal) trata de ocultar, distorsionar o falsear la información que sus ciudadanos reciben por exclusión o represión de la política de prensa, evitando así que el público pueda informarse libre y suficientemente a través de los distintos medios de difusión incluyendo las redes sociales. Este tipo de censura se da muy a menudo en democracia. Por ejemplo, aduciendo que determinado tipo de información u opinión es exagerada, ofensiva o contraviene la Ley. Para algunos el concepto de censura parece lejano, como una de esas enfermedades que fueron erradicadas hace décadas; sin embargo, en ciertos ámbitos, esta mano autoritaria sigue actuando cortando partes de un texto por considerarlas inadecuadas o, en definitiva, para impedir la difusión de información u opinión contraria a sus intereses. En las sociedades democráticas la censura previa suele estar prohibida: es decir, los gobernantes o sus acólitos, a través de los que actúa, no tienen derecho a impedir la publicación de ningún material; en caso de que dicho material una vez publicado incurra en un delito será la justicia la que deberá tomar las medidas correspondientes. Naturalmente el concepto de censura –sea cualquiera en los ámbitos dónde se de- tiene necesariamente que estar ligado a otro de los conceptos que debemos de analizar: la libertad de expresión. Esta forma parte de los Derechos Humanos de las personas, estando protegido ese derecho por la Declaración Universal de 1948 y las leyes de todos los estados democráticos. La libertad de expresión está muy vinculada con la libertad de prensa que es la garantía de transmitir la información u opinión a través de los medios de comunicación sin que nadie pueda ejercer un control antes de su emisión. No tiene sentido que cualquier medio de comunicación o información tenga que presentar a alguien un texto para que determine si es no apta su publicación. Lo contrario supondría un inaceptable ataque a la libertad de expresión. Por tanto, no cabe al poder político tutelar, ni directamente ni a través de sus mayordomos- a los medios de comunicación independientes y libres; y aún menos debe aceptarse que cualquier actuación determine si los ciudadanos hacen o no juicios de valor durante campañas o periodos electorales. En definitiva, no debemos tolerar –y si condenar- cualquier tentativa de censura mediante la intervención –directa o indirecta- del poder político.

Han sido muchos y muy diversos los personajes –y de todos los ámbitos- que se han pronunciado sobre estos conceptos. Así, el humorista J. Perich, decía sobre la libertad de expresión que: “Gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pasa nada. Al gobernante tampoco”. Anticipándonos lo que podría pasar con este derecho, G. Orwell nos advertía de que: “Si la libertad de expresión significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír”.

De forma coloquial se presenta como límite a la libertad de expresión aquello que se considera como “políticamente incorrecto”. Sobre ello el escritor Fernando Sánchez Dragó nos advierte: “Dicen esas cosas en nombre de la corrección política. Yo soy políticamente incorrecto y la corrección política no es más que la mordaza que antiguamente se llamaba censura e inquisición. Además yo hablo con palabras de escritor, no con eufemismos de personas que solo quieren ganar votos”.

Por último, no quisiera olvidarme de una de las opiniones que, desde mi punto de vista, como escritor afamado que es, adquiere mayor relevancia. Me refiero a M. Vargas Llosa quien declaraba sobre este extremo: Todas las dictaduras, de derechas y de izquierdas, practican la censura y usan el chantaje, la intimidación o el soborno para controlar el flujo de información. Se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación”.

Es notorio que en los régimenes totalitarios –sea cual sea su signo- lo que se pretende es que exista una uniformidad de pensamiento y opinión. Pero yo me pregunto: ¿y si todos opinásemos lo mismo no sería esto la peor de las esclavitudes?. Desde luego, en lo que a mi concierne, rechazo por inmoral e inconstitucional cualquier ejercicio de censura previa.

En los núcleos rurales y de población pequeña como es nuestro pueblo, la censura se ejerce de una u otra forma y casi siempre por el poder político (básicamente el municipal), y ello es debido a la lenta evolución de este tipo de sociedades tanto en el plano económico como en el político. Es por ello que la censura, entendida como un límite a la libertad que a todo individuo se le reconoce, adquiere, tal y como ahora veremos, diversas formas de manifestarse, apareciendo en estos ámbitos locales las figuras del caciquismo y el clientelismo.

Desde el siglo XIX la propiedad de la tierra ha marcado el desarrollo y la evolución de nuestra querida Andalucía y desde luego con mucha más notoriedad ello se ha podido apreciar en los ámbitos rurales. El caciquismo y el clientelismo son ambos frutos del mismo desorden moral en cuanto formas de limitar la libertad individual por el poder político. Así, hemos de reconocer que también en Calañas se ha producido una especie de mutación –que no desaparición- de esa censura y falta de libertad de expresión que, como se ha dicho se traduce, mediante el caciquismo y el clientelismo, en un control de la voluntad de los individuos con el objetivo de que, colectivamente, se comporten frente al poder de unas determinadas formas si quieren gozar de sus beneficios.

Sostengo que dicho control se ejerce a través del poder municipal pues son los regidores municipales los que gestionan todo tipo de subvenciones (estatales, autonómicas, diputaciones) convirtiéndose de este modo los Ayuntamientos en auténticas empresas que detentan un poder económico fundamental a la hora de repartir, siempre de forma discrecional, el “maná” del que disponen.

De este modo y de forma inevitable se crean unas redes clientelares (pesebres/voto cautivo) perfectamente institucionalizadas que gestionan la distribución de todos esos recursos sin apenas control alguno, apareciendo así lo que denominamos “deudas de gratitud” ya que dichas tramas clientelares tienen su base en las distintas relaciones interpersonales y así vemos diariamente cómo el reparto de tales beneficios depende casi siempre del favor y la sintonía (personal, familiar o política) con el partido que domina una institución, creándose de este modo un óptimo caldo de cultivo que permite al poder político, directamente o por medio de sus fieles, controlar opiniones y limitar libertades.

Frente a todo ello es mi opinión que ni debemos ni podemos olvidarnos del valor de la libertad de expresión, la independencia y la crítica que, aunque a veces su manifestación nos llevará a renuncias materiales, siempre debe obligarnos a no bajar nunca la cabeza y, con la mirada al frente, gritar con fuerza NO a las limitaciones de nuestros derechos para que en esa batalla constante que mantienen la censura contra la libertad sea ésta última la que salga siempre vencedora.